Por Mariano Suarez (*)
Los conglomerados de medios que representan el capital más concentrado de la industria levantaron la voz contra el proyecto oficial que promueve una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los mismos medios que no escribieron una sola línea ni abrieron sus micrófonos para reflejar el centenar de debates públicos que precedieron a la presentación del proyecto, ahora convirtieron la iniciativa en el centro de la agenda pública nacional, advirtiendo que se trata de una ley “chavista” destinada a “controlar a los medios”, cercenar la “libertad de expresión” con “un proyecto arbitrario que no registra ningún antecedente en el mundo”.
Un coro de voces opositoras adelantó su voto negativo al proyecto con los mismos enunciados reduccionistas y mediáticos, y sin esgrimir argumentos sobre el contenido técnico del proyecto.
Imaginemos los motivos.
1) ¿Será, acaso, porque resulta difícil oponerse en forma pública a la sustancial atenuación de los monopolios y oligopolios?
La ley vigente permite que un único titular administre hasta 24 licencias de medios de comunicación. Sin embargo, como no se computan para este límite las licencias de televisión pagada (por cable y satélite, art. 34), y como además es laxo el control de la conformación societaria de los medios; hay conglomerados de medios que superan ese límite.
El proyecto oficial pretende bajar a 10 licencias el tope de 24 (art. 38). Este limite obligaría a “desinvertir” al grupo Clarín, Telefónica, Grupo Vila y el Grupo Prisa; todos por encima de las diez licencias de medios.
¿Reducir el número de licencias cercena la libertad de expresión o, por el contrario, permite aumentar el número de voces que hoy no pueden expresarse en un mercado dominado por el poder económico de los grandes grupos?.
2) ¿Será, tal vez, porque la regulación estatal del mercado de medios es la regla en todos los países del mundo desarrollado?
El proyecto oficial pretende bajar a 10 licencias el tope de 24 (art. 38). Este limite obligaría a “desinvertir” al grupo Clarín, Telefónica, Grupo Vila y el Grupo Prisa; todos por encima de las diez licencias de medios.
¿Reducir el número de licencias cercena la libertad de expresión o, por el contrario, permite aumentar el número de voces que hoy no pueden expresarse en un mercado dominado por el poder económico de los grandes grupos?.
2) ¿Será, tal vez, porque la regulación estatal del mercado de medios es la regla en todos los países del mundo desarrollado?
Clarín afirma que las “restricciones” que impone el proyecto oficial “no registran antecedentes en ningún lugar del mundo”. Sin embargo, la realidad es exactamente la opuesta.
Las normas regulatorias de medios vigentes en toda Europa y Norteamérica son más intervencionistas que el proyecto oficial. En los Estados Unidos, que no es precisamente un paradigma del populismo chavista, nadie puede ser titular, al mismo tiempo, de una licencia de un medio gráfico y una licencia de televisión en la misma región de influencia. Esa sola norma derribaría a todos los holdings nacionales.
Recordemos que el proyecto original de la dictadura militar (ley 22.285) sólo admitía cuatro licencias por titular e impedía que los titulares de medios gráficos accedieran a licencias de televisión abierta (art. 45). Pero las grandes empresas de medios entonces no profesaban la “libertad de expresión” que excedía el contenido de a los partes militares.
3) ¿Será, acaso, porque resulta difícil defender que una sola empresa concentre el mercado de la televisión pagada?
Las normas regulatorias de medios vigentes en toda Europa y Norteamérica son más intervencionistas que el proyecto oficial. En los Estados Unidos, que no es precisamente un paradigma del populismo chavista, nadie puede ser titular, al mismo tiempo, de una licencia de un medio gráfico y una licencia de televisión en la misma región de influencia. Esa sola norma derribaría a todos los holdings nacionales.
Recordemos que el proyecto original de la dictadura militar (ley 22.285) sólo admitía cuatro licencias por titular e impedía que los titulares de medios gráficos accedieran a licencias de televisión abierta (art. 45). Pero las grandes empresas de medios entonces no profesaban la “libertad de expresión” que excedía el contenido de a los partes militares.
3) ¿Será, acaso, porque resulta difícil defender que una sola empresa concentre el mercado de la televisión pagada?
A mediados de la década del noventa existían en la Argentina 1.600 operadores de cable; ahora uno solo (Cablevisión-Multicanal) concentra el 57 por ciento de los abonados. Cablevisión-Multicanal, empresa controlada por el Grupo Clarín, tiene tres millones de abonados en un mercado local que reúne algo menos de seis. Alcanza una facturación anual de 650 millones de dólares.
El proyecto oficial pretende limitar la penetración de una sola empresa al 35 por ciento del mercado; y disociar este mercado de las señales de televisión abierta para que una misma empresa no pueda lograr posiciones oligopólicas, al mismo tiempo, en la generación y distribución de contenidos (concentración vertical).
4) ¿Será que los eslóganes opositores sobre el “control de los medios” no se sostienen en un debate serio?
El proyecto oficial pretende limitar la penetración de una sola empresa al 35 por ciento del mercado; y disociar este mercado de las señales de televisión abierta para que una misma empresa no pueda lograr posiciones oligopólicas, al mismo tiempo, en la generación y distribución de contenidos (concentración vertical).
4) ¿Será que los eslóganes opositores sobre el “control de los medios” no se sostienen en un debate serio?
No hay ley más apropiada para incidir en los contenidos de los medios que la ley vigente, que habilita la subordinación de los contenidos de las emisiones de los medios a las necesidades de la “seguridad nacional” (art. 7). La norma actual autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios provistos en esta ley”.
El proyecto oficial pretende la sustitución de la estructura del COMFER (con un interventor nombrado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo), por una órgano con representación de las minorías parlamentarias. Entendemos que el proyecto debe, al menos, incluir en forma directa la representación de la sociedad civil.
El infantilismo discursivo de la oposición impide que el debate político y público se concentre, por caso, sobre la forma de regular mejor la controversial apertura –como dispone el proyecto oficial- del mercado de la radiodifusión a las empresas trasnacionales de telefonía. La ley vigente impide a las empresas de telecomunicaciones hacer broadcasting ([1]).
La eliminación de esta barrera legal (la técnica ya no existe) terminaría de abrir el juego del negocio del Triple Play (televisión pagada, telefonía e internet a través de un único soporte físico), un negocio de 15 mil millones de pesos anuales ([2]).
El ingreso al mercado de empresas con la facturación anual de Telecom y Telefónica –que no tienen equivalente en el mercado de medios (ni siquiera Clarín) merece una regulación precisa sobre las reglas de convergencia y concurrencia de mercados. Se necesita un debate sin fuegos artificiales.
El mercado de medios de la Argentina tiene un diseño precapitalista. La regulación neoliberal (mal llamada desregulación) ha derivado en un mercado donde las únicas voces que se oyen son las de los grupos económicos más concentrados.
La efervescencia que produce la lucha de intereses que desata la discusión del proyecto no debe llevarnos al absurdo de rechazar una buena idea sólo porque no nos gusta quien es el que la propone.
El proyecto oficial pretende la sustitución de la estructura del COMFER (con un interventor nombrado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo), por una órgano con representación de las minorías parlamentarias. Entendemos que el proyecto debe, al menos, incluir en forma directa la representación de la sociedad civil.
El infantilismo discursivo de la oposición impide que el debate político y público se concentre, por caso, sobre la forma de regular mejor la controversial apertura –como dispone el proyecto oficial- del mercado de la radiodifusión a las empresas trasnacionales de telefonía. La ley vigente impide a las empresas de telecomunicaciones hacer broadcasting ([1]).
La eliminación de esta barrera legal (la técnica ya no existe) terminaría de abrir el juego del negocio del Triple Play (televisión pagada, telefonía e internet a través de un único soporte físico), un negocio de 15 mil millones de pesos anuales ([2]).
El ingreso al mercado de empresas con la facturación anual de Telecom y Telefónica –que no tienen equivalente en el mercado de medios (ni siquiera Clarín) merece una regulación precisa sobre las reglas de convergencia y concurrencia de mercados. Se necesita un debate sin fuegos artificiales.
El mercado de medios de la Argentina tiene un diseño precapitalista. La regulación neoliberal (mal llamada desregulación) ha derivado en un mercado donde las únicas voces que se oyen son las de los grupos económicos más concentrados.
La efervescencia que produce la lucha de intereses que desata la discusión del proyecto no debe llevarnos al absurdo de rechazar una buena idea sólo porque no nos gusta quien es el que la propone.
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(*) El autor es licenciado en Ciencias de la Comunicación y abogado del gremio de prensa.
[1] La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define como radiodifusión (broadcasting) a “la radiocomunicación unilateral cuyas emisiones están destinadas a ser recibidas por el público en general. Estas emisiones pueden comprender programas radiofónicos, programas de televisión u otro género de informaciones”. Las Telecouinicaciones, por en contrario, son las emisiones punto a punto, recibidas por un dispositivo particular.
[2] Las empresas telefónicas pueden ofrecer este servicio a través de una combinación de fibra óptica y DSL (digital suscriber line). Se utiliza la fibra óptica para alcanzar las localidades distantes y la tecnología DSL vía cable de par trenzado para el último tramo de la línea que llega al usuario. Las operadoras de cable, en tanto, brindan este servicio con una tecnología similar denominada fibra coaxial híbrida (HFC). En este esquema, el servicio telefónico puede brindarse mediante el sistema tradicional basado en la bobina híbrida, el auricular y el micrófono de carbón, o puede ser privisto a través de IP (VOIP, voice over internet protocol). VOIP es un protocolo optimizado para transmisión de voz a través de internet.
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